Si se dejaran de cobrar retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, el fisco perdería 17.600 millones anuales, según indicaron economistas privados. Sin embargo, advierten que debería contrarrestarse con impuestos esta disminución de ingresos.
La eliminación de las retenciones agropecuarias tendría un efecto para la Nación de una pérdida de recaudación de 17.600 millones de pesos, pero inmediatamente debería complementarse con medidas "realistas" que impidan el incremento de la pobreza y la indigencia.
Así lo manifestaron los economistas Alberto Porto, Julio Nogués, César Ciappa y Alejandro Onofri, al describir el trabajo "Fundamentos para el desarrollo sostenido y sustentable de la agroindustria".
La presentación tuvo lugar en la Sexta Jornada de la Cadena Agroindustrial, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
"El efecto de la eliminación de derechos de exportación del agro sería que el Gobierno pierde de recaudar 17.600 millones de pesos en forma directa", expresó Porto.
Miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Porto aclaró a la agencia Noticias Argentinas que una medida de esa naturaleza debería estar acompañada en forma simultánea por la aplicación de un plan que reduzca el impacto en la pobreza y la indigencia.
Además, siempre de acuerdo con datos recabados de la recaudación tributaria de 2008, indicó que la Nación recuperaría de esos 17.600 millones, unos 7.900 millones de pesos si mejorara la recaudación en un 1,5 por ciento mediante el IVA y el impuesto a las Ganancias.
Las provincias percibirían 3.900 millones de pesos si aplican el tributo a la renta potencial de la tierra y otros 5.300 por recaudación impositiva, agregó.
"El efecto indirecto del aumento de los precios es la expansión de la oferta", dijo Porto.
Por otra parte, en la redefinición hipotética de la relación entre la Nación y las provincias, con ese flujo por la renta potencial de la tierra y otros impuestos, "la Nación evita entregarles nueve mil millones de pesos".
"Es un objetivo muy realista y modesto", explicó Porto.
El Estado debe concentrarse en "disminuir la evasión y aumentar la eficiencia del gasto público", según los economistas.
Ciappa enfatizó que se debe salir del esquema de retenciones sin incentivar el crecimiento de la pobreza y la indigencia, que podría aumentar 2,5 por ciento.
Para esto sugirió dos planes de "transferencia condicionada de ingresos" (subsidios) con un programa de bonos alimentarios a cada habitante de hogares pobres e indigentes, de 4.000 a 6.000 millones de pesos.
Los derechos a las exportaciones de la cadena agroindustrial -cuarta fuente de ingresos del Estado, después de IVA, Ganancias y Seguridad Social- representan casi el 50 por ciento de 36 mil millones recaudados en 2008.
Esa suma equivale al 6,6 por ciento de la recaudación tributaria nacional y el 1,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
"En sustitución de las retenciones tendría que implementarse algún impuesto alternativo", según Porto.
Durante los últimos tiempos surgieron como alternativa el impuesto a la renta potencial de la tierra o bien una combinación de un tributo a la tierra con alguna recaudación a la primera venta que realice el sector, se analizó hoy.
