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lunes, 9 de junio de 2008

¿HASTA QUÉ PUNTO LLEGA LA EVASIÓN FISCAL EN EL TRÁFICO DE GRANOS Y, EN PARTICULAR, LA SOJA?

Urquía y los seis grandes - ¿Cuál es el poder detrás del trono que casi nadie menciona en el conflicto del campo?.




¿Hasta qué punto llega la evasión fiscal en el tráfico de granos y, en particular, la soja? ¿Cuál es la mano que mueve la cuna y cambia la ley en su propio beneficio? ¿Por qué el Estado que aparece como el depredador que se queda con la riqueza que producen otros, sigue siendo el eterno perjudicado? ¿Indigentes como productores rurales que exportan? ¿Por qué el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quiere nacionalizar todo menos el comercio de granos y derivados?

El poder detrás del trono lo integran seis corporaciones que dominan el mercado de granos y concentran el 92 por ciento de las exportaciones de aceite de soja (según los últimos datos disponibles de 2006 y 2007). Los Seis Grandes del buen humor son: Bunge, Aceitera General Deheza, Cargill, Molinos, Vicentín y Dreyfus.

En 1989, cuando aún sobrevivía la Junta Nacional de Granos, las seis principales exportadoras de aceite de soja controlaban un 52 por ciento de las exportaciones, sobre un volumen total mucho menor que el actual.

El espectacular aumento del 40 por ciento, sobre un volumen y un precio infinitamente mayores, coincide con la desaparición de la Junta Nacional de Granos decretada por Domingo Felipe Cavallo en noviembre de 1991.

La Junta fijaba un precio sostén para proteger a los productores, regulaba el mercado para evitar la concentración monopólica y disponía de infraestructura para participar en la comercialización, como puerto y silos.

Dos proyectos que se discuten actualmente en la Cámara de Diputados pretenden directamente recrearla (Eduardo Macaluse, ARI Autónomo) o regenerar y aun ampliar varias de sus funciones a través de un nuevo ente estatal que además asegure la soberanía alimentaria (morfi para todos) del que es autor el presidente de la Comisión de Agricultura, Alberto Cantero (PJ-Frente para la Victoria). La iniciativa de reinstalar la Junta Nacional de Granos fue históricamente apoyada por la Federación Agraria, que ahora parece más interesada en generar un movimiento político a partir de su enfrentamiento con el Gobierno. La idea de recrear la Junta fue (y es) duramente resistida por el poder detrás del trono.

El debate hará ruido en el Parlamento la semana próxima. Viene precedido por una maniobra en el Senado, promovida por los Seis Grandes y representada por uno de ellos, el dueño de Aceitera General Deheza y senador por Córdoba (PJ-Frente para la Victoria) Roberto Urquía, presidente de la decisiva Comisión de Presupuesto y Hacienda. En noviembre de 2007 la Cámara de Diputados aprobó la llamada ley Martínez Raymonda que modificaba el decreto ley de la dictadura militar firmado por Videla y Martínez de Hoz, que permitía a los exportadores de granos evadir alegremente los impuestos mediante simples declaraciones juradas.

La ley votada por Diputados, en cambio, establecía que los exportadores deberían acreditar fehacientemente, a la fecha del registro, la tenencia o adquisición de los productos agropecuarios, evitando de esta manera que pagaran retenciones más bajas por compras supuestamente realizadas cuando los precios del mercado eran menores. Así ocurrió con el trigo respecto al cual registraron supuestas compras realizadas cuando el precio internacional estaba a 120 dólares la tonelada y lo exportaron cuando había trepado a 300 dólares. O sea: registraron y pagaron impuestos por 120 y vendieron a 300. Con lo que perjudicaron simultáneamente al fisco y a los productores, pero se embolsaron mil millones de dólares.

Con la soja la maniobra llegó a niveles de escándalo en noviembre último cuando los exportadores registraron en pocos días 16 millones de toneladas para evitar el aumento de las retenciones que extrañamente preveían. En aquel momento estaban en el 27 por ciento y ahora en el 40.

El poder detrás del trono se molestó mucho con las modificaciones introducidas por Diputados a la ley firmada por Videla y Martínez de Hoz. No querían que nada cambiara.
Ante la sanción, se presentaron en el Senado de la mano de Urquía, a la vez miembro del oligopolio y senador de la Nación. Algo más que un simple lobbista. Tras una reunión pública de los exportadores con los senadores, se modificó el texto del artículo primero de la ley votada por Diputados. Mediante el cambio se dilató el período entre la adquisición real y la declaración jurada. Ya no se podía evadir a lo grande como antes pero al menos se rescataban unos días (valiosos) para especular.

Las maniobras para eludir las responsabilidades fiscales no se limitan a las operaciones de registro. Hay varias en toda la cadena de comercialización. Por ejemplo: en el campo hay varios Antonini Wilson, que son llamados precisamente “valijeros”. Estos simpáticos personajes recorren los campos en fechas clave, valija en mano, para comprar en negro la cosecha. El productor puede a partir de esa venta declarar ingresos muy inferiores a los reales y evadir el impuesto a las ganancias. ¿Quiénes son estos valijeros? ¿estarán vinculados a los Seis Grandes?

El 28 de abril último, en una sabrosa entrevista publicada por La Voz del Interior, el señor Eduardo Marcle, presidente de la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas, declaró que la evasión impositiva de algunas empresas era superior al 60 por ciento y relató maniobras con los portes de carga de las mercaderías que van a puerto, que serían cómicas de no resultar tan onerosas. Por ejemplo: algunas de esas cartas de porte afirman que se cargó en Vicuña Mackenna y cuando llega a destino dice que viene de Santiago del Estero y que es del monotributista Juan Pérez que no figura en ningún lado. ¿Los Seis Grandes no controlan las cartas de porte?

Hay también maniobras aberrantes con indigentes que figuran como presuntos dueños de cosechas. Un escándalo sacude a Río Cuarto. Una ex funcionaria municipal, Pía Cardoso (novia del célebre Marcelo Macarrón) otorgaba pensiones graciables a indigentes engañados que endosaban a cambio cheques por 40 mil pesos o más, que luego eran presentados como correspondientes a presuntos productores que exportaban su cosecha. Según periodistas locales, la maniobra es por varios millones de pesos. ¿Podemos creer que los Seis Grandes desconozcan que se les compran granos a indigentes travestidos como chacareros?

El 10 de mayo último, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, en un acto realizado en Gualeguaychú, afirmó que la nacionalización del petróleo y la minería realizada en Bolivia por Evo Morales, era “un ejemplo a seguir”. Es una lástima que no incluyera en su proyecto nacionalizador a los Seis Grandes.

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